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El periodista Orlando Pérez señaló que la empresa Pichincha Comunicaciones enfrenta tres procesos, el primero iniciado por la Arcotel que pese a no estar enmarcado en la regulación de contenidos lo hace con el medio radial; el segundo es penal y se impulsó tras el allanamiento que sufrió en octubre de 2019; y el tercero se ubica en el 23 de enero donde se informa de la decisión de eliminar el título habilitante a la radio. Sobre el segundo proceso, Pérez detalló que existen acciones extrañas que la justicia tiene que explicar porque se cometen una serie de actos que rayan con la normalidad de un ejercicio democrático: “Y este proceso tiene que ver con una acusación de llamar a la subversión, desorden público y atentar contra la seguridad del Estado desde la Unidad de la Fiscalía de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional e Internacional. Es decir lo que hizo radio Pichincha sería parte de una organización criminal, transnacional que no tiene sentido porque este es un medio local y público”. Para el comunicador la acusación penal toma un sentido transnacional con el fin de exacerbar un modo de actuar y además atemorizar.