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Mineros marchan en Zacatecas

Mineros, estudiantes y familiares realizaron una marcha en Zacatecas para protestar por el secuestro y asesinato de trabajadores de una mina de plata operada por la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, exigiendo justicia y mayor protección para las comunidades mineras. Los manifestantes, muchos con cascos y fotografías de las víctimas, avanzaron hasta el palacio municipal con pancartas contra la extorsión y mensajes que pedían paz y seguridad. Los organizadores señalaron que la movilización fue un llamado de duelo y exigencia de acciones concretas, no una confrontación política. Las autoridades informaron que se recuperaron 10 cuerpos en Concordia, Sinaloa, de los cuales 5 ya han sido identificados, mientras equipos forenses continúan trabajando para reconocer a las demás víctimas. Dos de los fallecidos, Jose Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, eran originarios de Zacatecas y fueron sepultados en su estado. Funcionarios federales indicaron que el grupo había sido secuestrado en enero en la mina operada por Vizsla, ubicada en una zona presuntamente controlada por Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán. Investigadores señalaron que las víctimas podrían haber sido confundidas con integrantes de un grupo rival, aunque los motivos siguen bajo análisis. Dirigentes sindicales y familiares describieron a las víctimas como trabajadores responsables y sostén de sus hogares, e instaron a las autoridades a impedir que los mineros enfrenten amenazas criminales además de los riesgos propios de su labor. La marcha, mayormente pacífica, incluyó momentos de silencio y exigencias de acciones firmes; la policía vigiló el recorrido para evitar incidentes. Las autoridades prometieron coordinar fuerzas de seguridad y reforzar temporalmente patrullajes en zonas mineras, mientras sindicatos y organizaciones de derechos humanos pidieron estrategias de largo plazo que atiendan la seguridad pública y las vulnerabilidades económicas de las comunidades extractivas. Los asesinatos han incrementado la preocupación por la expansión de la violencia del crimen organizado hacia el sector minero, donde operaciones remotas pueden ser blanco de extorsión, disputas territoriales y secuestros. Representantes de la industria advirtieron que la inseguridad sostenida puede afectar operaciones y desalentar inversiones, aunque los manifestantes subrayaron que la prioridad inmediata es proteger vidas. Mientras continúan las investigaciones, los participantes advirtieron que podrían convocarse nuevas movilizaciones si no se presentan avances transparentes y medidas concretas de seguridad para los trabajadores.