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Este sábado tenemos clase de Marxismo, impartida por Lidia Falcón. Estudiar es organizarse, y organizarse es el primer paso para la revolución de las mujeres y de la clase trabajadora. 🗓 20/12/2025 🕕18:00 h (hora peninsular) Lucha de clases La violencia desatada contra la mujer PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA ¡POR LA III REPÚBLICA! La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ha demostrado ser insuficiente para erradicar el terrorismo machista que sigue asesinando a mujeres por el simple hecho de serlo. Esta violencia también afecta a sus hijas, hijos, o allegados que en el momento de la agresión, se encuentran cerca o intentan proteger a la víctima. La situación desesperada de miles de mujeres en situación de violencia machista parece no merecer la atención urgente que requiere por parte de la Ministra de Igualdad ni del Gobierno en su conjunto. No solo no se implementan las medidas necesarias para garantizar una protección efectiva de las víctimas, sino que, esa responsabilidad se traslada a las trabajadoras sociales sin dotarlas de los recursos humanos, materiales ni de la autoridad necesaria para actuar con eficacia en situaciones de emergencia. Denunciamos que la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos LGTBI, conocida como Ley Trans, pone en mayor riesgo a las mujeres y sus hijas e hijos que sufren violencia machista. Esta normativa permite al maltratador cambiar su sexo registrado, utilizado como recurso para evadir las responsabilidades penales y sociales derivadas de su conducta violenta. Este hecho, lejos de proteger a las víctimas, las deja más expuestas ante una justicia que ya de por sí ofrece escasa protección y sanciones disuasorias en casos de violencia machista. Como denuncian numerosas asociaciones de mujeres, no es viable que profesionales sin competencias ejecutivas sean las únicas responsables de intervenir en situaciones críticas de violencia machista. Es fundamental que cualquier caso en el que una mujer solicite ayuda por maltrato sea reconocido inmediatamente como una situación de alto riesgo, y se actúe con la celeridad, coordinación y recursos necesarios para garantizar su seguridad.