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Tras la liberación de Auschwitz por la 322ª División de Fusileros del Ejército soviético el 27 de enero de 1945, Europa enfrentó el desafío de localizar y procesar a los miles de miembros de las SS responsables del funcionamiento del complejo. Aunque siete mil sirvieron en el campo, la mayoría consiguió escapar, ocultarse o mezclarse con la población civil. La destrucción parcial de archivos, el colapso judicial alemán y un marco penal incapaz de abarcar crímenes masivos dificultaron cualquier actuación inmediata en las zonas occidentales de ocupación, donde la desnazificación priorizó la recuperación administrativa y económica. En contraste, Polonia actuó con rapidez y rigor, disponiendo de acceso directo al lugar, testigos cercanos y pruebas materiales intactas. Instituciones como la Comisión Central para la Investigación de Crímenes Alemanes y el Instituto Histórico Judío reunieron miles de testimonios, documentos y restos físicos que permitieron preparar un proceso judicial de alcance sin precedentes. Para 1947, el fiscal Jerzy Sawicki y su equipo habían identificado y reunido a cuarenta acusados vinculados a la estructura de Auschwitz, entre ellos comandantes, jefes de secciones, médicos y personal de vigilancia. El juicio celebrado en Cracovia entre noviembre y diciembre de 1947 combinó normas del derecho polaco con principios emergentes del derecho internacional. La documentación recuperada, los testimonios y las investigaciones forenses permitieron reconstruir el funcionamiento del campo y definir responsabilidades individuales dentro de un sistema genocida. El tribunal consideró que cada función cumplida dentro de Auschwitz contribuía al resultado final del exterminio y estableció sentencias acordes con este principio. El proceso marcó un momento decisivo en la búsqueda de justicia inmediata en una sociedad devastada por pérdidas humanas y destrucción material.