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Noticia e información de última hora: condenan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Marca la última hora de la actualidad en España El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado. El alto tribunal, con mayoría conservadora, impone dos años de inhabilitación. El fallo del Supremo deja una crisis institucional de primer orden. Condena histórica en la que el magistrado José Antonio Martín Pallín ha reaccionado a la sentencia por revelación de secretos de los datos fiscales de Alberto González Amador, y la orden de pagar 10.000 euros a la pareja de Ayuso. Las dos magistradas progresistas se oponen a la sentencia; los conservadores condenan a García Ortiz.en una sentencia El magistrado Martín Pallín anuncia que lo hacen para “salvar al juez Hurtado”, para no “dejar con el culo al aire” al juez Hurtado. Califica la sentencia de injusta y de “golpe judicial”. Además, Luis Arroyo, Marta Nebot, Chema Garrido, Hugo Pereira y Javier Ruiz analizan en profundidad el “bombazo”, donde se anuncia el recurso del fiscal por vulneración de derechos. Asimismo, el Gobierno de Pedro Sánchez anuncia nuevo nombramiento de fiscal general del Estado durante la emisión del programa Mañaneros 360, Un escándalo que es catalogado como condena injusta y sin pruebas en un juicio que se declaró semisecreto. Martín Pallín anuncia que no se ha emitido el juicio por la condena. Se señala a los periodistas que no han sido escuchados por el Supremo y se apunta a un montaje judicial politizado. En la tertulia se analiza el juicio, la última hora, las reacciones. El Gobierno no comparte el fallo. La sentencia se conocerá en unos días, Susana Polo se a opuesto, no está de acuerdo con la Condena. No se inhabilitara de momento, se hará cuando se conozca la sentencia. Las reacciones no paran de sudecerse, Ione Belarra de podemos señala "La derecha judicial, ha liquidado al Fiscal General del Estado", Alberto Núñez Feijoo pide elecciones. El caso se centra en la difusión de un mensaje en el que el abogado del empresario proponía una posible conformidad y reconocía la existencia de dos infracciones fiscales. Este documento salió a la luz el 13 de marzo de 2024, coincidiendo con la publicación de un reportaje que ofrecía una versión distorsionada sobre las conversaciones mantenidas con la Fiscalía. La divulgación del correo buscaba aclarar que fue la defensa, y no la institución pública, la que inició la propuesta de acuerdo. Las reacciones a la sentencia no se han hecho esperar. Desde espacios informativos se ha puesto el foco en la dureza del fallo y en las implicaciones institucionales que podría acarrear. El juez emérito del Tribunal Supremo Martín Pallín ha realizado una comparación especialmente crítica, evocando el precedente judicial ocurrido en Brasil con el expresidente Lula da Silva para subrayar la gravedad que, a su juicio, supone esta resolución. El debate jurídico y social generado tras la sentencia refleja la tensión existente en torno a la transparencia institucional, la interpretación de los límites legales y la responsabilidad en el tratamiento de información sensible. El fallo ha sido descrito como una actuación que podría rozar una ruptura del equilibrio institucional, alimentando un intenso análisis público sobre la independencia de los poderes del Estado y el papel del sistema judicial. Tras meses de polémica artificial, originada en un montaje y alimentada sin descanso, se esperaba un cierre vergonzoso pero inofensivo. Sin embargo, ocurrió lo contrario. En un movimiento difícil de justificar, el Supremo ha optado por endurecer su posición y condenar a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos: dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización para Alberto González Amador. El fallo, además, inaugura un precedente inquietante. El tribunal ha ignorado por completo a los periodistas que declararon como testigos y ha terminado alineándose con la versión impulsada por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso y principal artífice del bulo que originó este proceso. Seis profesionales de los medios afirmaron de forma rotunda que García Ortiz no fue su fuente. La situación resulta aún más desconcertante: el Supremo ha emitido la condena sin tener todavía redactada la sentencia. Más ruido, más confusión y un terreno abonado para que el sector judicial alineado con la derecha dé combustible a la maquinaria mediática y política con argumentos sin sustento, fabricados por quien llegó a justificar su credibilidad en el color de sus canas. Un golpe al periodismo desde las altas estancias judiciales.