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Petro obligado a cesar apoyo al narcoterrorismo de Colombia, Ecuador, Venezuela

Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Miguel Rivadeneira en Radio Democracia: La reunión de ayer en la Casa Blanca entre Donald Trump y Gustavo Petro no fue un simple gesto diplomático: fue una señal de época. En el nuevo tablero geopolítico que Washington está desplegando, la seguridad nacional estadounidense deja de ser un asunto interno para convertirse en el eje ordenador de todo el hemisferio. Y en ese marco, Colombia aparece como una pieza crítica: no por su tamaño o su historia democrática, sino por el deterioro acelerado de su papel frente a lalucha contra el narcotráfico, el control territorial y la estabilidad regional. El problema es tan evidente como incómodo: mientras Ecuador militariza fronteras y paga el costo de contener el desborde criminal, Colombia se ha convertido en el gran agujero negro de la seguridad andina. El aumento del cultivo de coca, la expansión del narcotráfico y la tolerancia hacia estructuras armadas ilegales han generado un efecto dominó que golpea directamente a Ecuador: más droga cruzando sin freno, más violencia, más minería ilegal y más presión sobre puertos que se han vuelto rutas preferidas para la exportación de cocaína que, en su origen, no es ecuatoriana. La reunión, sin embargo, dejó algo claro: Estados Unidos ya no está dispuesto a tolerar gobiernos que jueguen a la ambigüedad. En Washington se trazó una línea: apoyar, encubrir o relativizar al narcoterrorismo ya no será tratado como una “diferencia política”, sino como una amenaza hemisférica. Petro salió obligado a hablar de combate al narcotráfico, pero el punto de fondo no es el discurso: es el desmantelamiento real de las redes armadas y criminales que operan con cobertura política, especialmente en zonas fronterizas donde el Estado colombiano parece ausente o complaciente. En el fondo, lo que se discutió no fue solo Colombia, sino el orden regional. La administración estadounidense está aplicando un método simple: primero, marcar el problema; luego, ofrecer un marco de negociación; después, imponer condiciones; y finalmente, actuar. Esa secuencia ya se ha visto en otros escenarios y el mensaje implícito es: si un gobierno no controla el narcoterrorismo dentro de su territorio, otros lo harán con tecnología, presión económica y operaciones de neutralización sin necesidad de “invadir” ni mover tropas. Para Ecuador, la mediación anunciada por Trump no es un detalle menor. Si se traduce en presión efectiva sobre Bogotá, podría significar algo que el país necesita con urgencia: que Colombia asuma su responsabilidad en el control de cultivos, fronteras y grupos armados. Pero también es un recordatorio de una verdad incómoda: Ecuador no puede salir del laberinto del narcoestado si su vecino inmediato sigue funcionando como fábrica y santuario del crimen transnacional. Y aquí está la conclusión más dura: la crisis no es solo policial ni militar; es institucional. Cuando un país arrastra constituciones, leyes y estructuras políticas diseñadas para proteger impunidad y debilitar el Estado de derecho, el crimen no solo se infiltra: gobierna. Por eso, lo ocurrido en la Casa Blanca debe leerse como una advertencia para toda la región: el tiempo de la complicidad disfrazada de soberanía se está acabando. Y quienes no se alineen con el orden legal internacional, con la lucha real contra el narcotráfico y con la defensa de la democracia, quedarán marcados como parte del problema.