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La ingeniera Susana Giménez, gerente del Plan Terminación Yacyretá de la Entidad Binacional Yacyretá, informó sobre los avances en el proceso de titulación de tierras para familias asentadas en el barrio Ita Paso, así como sobre el análisis que se realiza respecto a proyectos habitacionales inconclusos en ese sector. Según explicó, recientemente se firmó un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para avanzar en la regularización de la tenencia de tierras en Ita Paso 1, un proceso largamente esperado por los pobladores de la zona. De acuerdo con los datos brindados por la entidad, en este sector se encuentran asentadas 609 familias, cuya documentación ya fue recopilada por las instituciones responsables para iniciar el proceso de titulación. “Se están preparando todos los legajos que van a ir a escribanía para la titulación de los mismos. Hemos recolectado toda la documentación de esas 609 familias y en noviembre del año pasado se completó ese proceso”, explicó la funcionaria. Actualmente, se aguardan algunos documentos del Ministerio de Obras Públicas para que puedan ser remitidos a escribanía e iniciar formalmente el proceso de transferencia de los títulos de propiedad. Giménez destacó que se trata de un paso fundamental para cientos de familias que llevan décadas esperando la regularización de sus tierras. “Son familias que están asentadas hace 30 años y no disponer de un título de propiedad realmente no corresponde. Por fin pudimos firmar el convenio y darle una solución definitiva a este caso”, expresó. Asimismo, indicó que estas gestiones se desarrollan en el marco de instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, mediante coordinaciones entre autoridades de la entidad y del Ministerio de Obras Públicas. Durante la entrevista, la gerente también se refirió a proyectos habitacionales que quedaron inconclusos en años anteriores, como el conjunto de viviendas ubicado en el sector de Santo Domingo, que formaba parte de un convenio firmado en 2008 entre la Entidad Binacional Yacyretá y la entonces Consejo Nacional de la Vivienda. El acuerdo contemplaba en su momento la construcción de viviendas para 105 familias beneficiarias, dentro de un programa de viviendas sociales dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo las obras fueron rescindidas en varias ocasiones y el proyecto enfrentó diversas dificultades administrativas y judiciales. “En la jerga de la ingeniería a veces se habla de ‘obras malditas’, porque se rescinden contratos, se vuelven a licitar y vuelven a rescindirse”, comentó la ingeniera. No obstante, aclaró que la mayoría de las familias originalmente beneficiarias ya fueron reubicadas en otros conjuntos habitacionales construidos por la entidad. De acuerdo con los registros institucionales, cerca del 97% de las familias ya cuenta actualmente con una vivienda propia, lo que modifica el escenario inicial del proyecto. La responsable del plan explicó que actualmente se analiza qué hacer con las estructuras que quedaron inconclusas, teniendo en cuenta que los contratos fueron rescindidos en 2018 y que existen procesos judiciales relacionados con la licitación. Además, advirtió que retomar las obras implicaría costos considerablemente mayores a los previstos inicialmente, debido al deterioro de varias de las construcciones, que incluso podrían requerir demolición. “No podemos permitir que una familia vaya a vivir en una casa donde las paredes estuvieron expuestas por años a la humedad. La calidad de la obra es fundamental”, afirmó. El proyecto original tenía un costo cercano a 4 millones de dólares, incluyendo no solo la construcción de viviendas, sino también la infraestructura urbana necesaria, como calles y servicios básicos. Actualmente, la continuidad del plan depende de la disponibilidad presupuestaria y de un análisis conjunto con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, institución que deberá definir si corresponde retomar el proyecto habitacional en ese sector. Mientras tanto, autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá continúan realizando evaluaciones técnicas y jurídicas para determinar el futuro de las obras.