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Un juez federal de Estados Unidos concluyó que existe causa probable para declarar en desacato criminal a la administración Trump, en un caso relacionado con la deportación de migrantes venezolanos que continuó pese a una orden judicial expresa para detener los vuelos y revertirlos. La decisión fue emitida por el juez James Boasberg, quien determinó que hay indicios suficientes de que funcionarios del gobierno desobedecieron deliberadamente una orden de su tribunal. Aunque aún no se definieron sanciones, el fallo abre la puerta a posibles consecuencias penales y fija un plazo para que el Departamento de Justicia responda y explique su postura. El caso se centra en deportaciones de presuntos integrantes de bandas venezolanas realizadas sin audiencias judiciales previas. Según el juez, esas personas tienen derecho al debido proceso y a impugnar su expulsión ante un tribunal. Pese a la orden de suspender las deportaciones y revertir las ya ejecutadas, el tribunal sostiene que los vuelos continuaron. La resolución establece dos caminos claros para la administración Trump: corregir la presunta violación, detener las deportaciones y garantizar audiencias legales, o identificar a los funcionarios responsables de ignorar la orden judicial. De no hacerlo, el juez advierte que el propio tribunal podría iniciar una investigación para determinar responsabilidades. Este episodio se produce en un contexto de alta tensión entre el poder judicial y el expresidente Trump, quien ha criticado públicamente al juez e incluso ha sugerido su destitución. Más allá del caso migratorio, la decisión plantea un debate central sobre el Estado de derecho y la capacidad de los tribunales para hacer cumplir sus órdenes frente al poder ejecutivo. El proceso sigue abierto y los próximos pasos podrían marcar un precedente clave sobre los límites del poder presidencial y las consecuencias de desobedecer una orden judicial. Si quieres seguir este caso y entender sus implicaciones legales y políticas, suscríbete al canal y deja tu comentario.