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En el libro en el que el periodista Jorge Fernández Menéndez ha titulado Ni Venganza ni Perdón, que narra la versión de Julio Scherer sobre su paso como el más poderoso consejero jurídico de la presidencia, con López Obrador hasta su salida, el uno de septiembre de 2021, denuncia un delito que la Fiscalía General de la República y la secretaría Anticorrupción deben perseguir de oficio, pues acusa al que fuera su coordinador de Comunicación Social y hoy jefe de Coordinadores de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, de utilizar 27 mil millones de pesos que, personalmente el entonces presidente, puso a su disposición. Una parte del capítulo 24 del libro, dice así: El 25 de agosto de 2022, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que estableció una compensación vitalicia por justicia social para extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro. Esa disposición, controvertida y discutida incluso dentro del gabinete presidencial, marcó un punto de quiebre no solo en el manejo presupuestal del Estado, sino en la interpretación de la justicia laboral. Lo que fue presentado como un acto de reparación, derivó en una operación política dirigida por Jesús Ramírez Cuevas, entonces vocero presidencial, cuya influencia fue clave para convencer al presidente López Obrador de implementar el programa, pese a que la mayoría de los beneficiarios ya habían sido liquidados conforme a la ley Jesús Ramírez terminó abusando de ese encargo para obtener una ventaja política personal y lo utilizó para posicionar a sus aliados, intervenir en la vida sindical del SME y operar políticamente en favor de Clara Brugada candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, a pesar de que la preferencia evidente de la candidata Sheinbaum se inclinaba por Omar García Harfuch. Esta traición política interna generó fricciones dentro del movimiento y mostró cómo una encomienda presidencial se transformó en una herramienta para jugar en contra de los intereses de la propia presidencia. (Seguirá)