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La aplicación de la ley de faltas y sus cuestionamientos

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) no es quien decide unilateralmente aplicar sanciones ni retirar a personas de la vía pública. El MIDES es el eslabón técnico donde se recibe a las personas en el Centro de Primera Atención (CPA), se las entrevista, se analiza cada situación desde el escuchar, y se ofrece asistencia social, de salud y acceso a plazas en refugios o programas de protección. Allí se trabaja para atender las necesidades de cada persona, no para imponer decisiones arbitrarias. La periodista que firmó la nota no menciona quién comenzó a utilizar la Ley de Faltas en la práctica. Esa omisión obvia un hecho esencial: la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, fue quien impulsó y articuló, desde fines de 2025, un plan piloto junto a la Policía para levantar “campamentos” de personas en situación de calle en el marco de la Ley de Faltas, en respuesta a reclamos vecinales, y hoy ha anunciado que ese plan se extiende durante todo el año. Ese plan —que no es una política orgánica de asistencia social, sino una intervención coordinada con fuerzas del Ministerio del Interior y agentes policiales— se basa en afirmar que la mera presencia de personas en situación de calle constituye una infracción al uso del espacio público y que puede dar lugar a procedimientos de retiro y traslado. Es imprescindible recordarlo: no es el MIDES quien pone o quita la Ley de Faltas; el MIDES participa como dispositivo de entrada a asistencia social. La decisión de aplicar medidas en la calle corresponde a los municipios en coordinación con la Policía y otras carteras, y en algunos casos con iniciativas propias como la del Municipio CH.