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Guarino reivindicó denuncia del FA tras informe del Tribunal de Cuentas

La polémica se intensificó en las últimas horas luego de que el intendente de Cerro Largo, Christian Morel, anunciara que Nicolás Gramajo será quien sustituya al secretario general Pablo Duarte durante su licencia reglamentaria. En ese contexto, el jefe comunal subrayó que mantiene plena confianza en el proceder del funcionario, en medio de las declaraciones cruzadas y el debate político generado en el ámbito de la junta departamental. El edil del frente amplio, Pablo Guarino, reivindicó la denuncia presentada por su bancada en la junta departamental de cerro largo, tras conocerse el informe del tribunal de cuentas que, según sostuvo, confirma la existencia de una falta administrativa vinculada al caso del funcionario Nicolás Gramajo. Durante su intervención en el legislativo departamental, Guarino señaló que el dictamen del órgano de contralor “le da la razón al frente amplio en todo este proceso”, al tiempo que contradice los argumentos previamente expuestos por la dirección jurídica de la intendencia y por el propio intendente Christian Morel. El edil remarcó que el funcionario involucrado “era funcionario del gobierno departamental, tenía legajo, cobraba su sueldo de la intendencia y su empresa le vendió a su propio empleador”. En ese sentido, el coordinador de la bancada frenteamplista sostuvo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, “existió objetivamente una falta administrativa”, por lo que ahora corresponderá determinar la gravedad de los hechos y las eventuales sanciones. Asimismo, indicó que existen elementos que no fueron considerados por el tribunal de cuentas y que podrían ser analizados en otras instancias, entre ellas la junta de transparencia y ética pública (JUTEP). Guarino afirmó además que los hechos que involucran a Gramajo presentan “apariencia delictiva”, aunque aclaró que la determinación de eventuales responsabilidades penales corresponde exclusivamente a la justicia. En su exposición, también vinculó el caso a la cooperación entre los municipios de río branco y plácido rosas, señalando que las obras ejecutadas en ese período se realizaron con materiales adquiridos a la empresa del propio jerarca municipal. Por su parte, en el mismo plenario, el edil nacionalista Álvaro Segredo recordó que el frente amplio había solicitado la destitución del actual director general de obras de la intendencia y, tras conocerse la resolución del tribunal de cuentas, reclamó públicamente que desde la oposición “pidan disculpas”, marcando así la postura de la bancada oficialista en medio del debate. Guarino, en tanto, defendió el accionar de su sector político y sostuvo que la investigación realizada fue “muy seria”, reiterando que el rol de los ediles es controlar la gestión pública y denunciar posibles irregularidades. “No nos arrepentimos de nada”, afirmó, al tiempo que insistió en que el informe del tribunal de cuentas “nos está dando absolutamente la razón”. El caso continúa generando repercusiones en el ámbito político departamental, mientras se aguardan posibles actuaciones de otros organismos de contralor y eventuales definiciones administrativas o judiciales sobre la situación denunciada.