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Bolivia urge que el Presidente Rodrigo Paz la saque del narcoestado terrorista

Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Edwing Castro Poma y Capac Antonio Callisaya en "Contraparte Bolivia": El narcoterrorismo emerge como un paradigma que transforma la geopolítica en las Américas, al fusionar el narcotráfico con el terrorismo para generar miedo y dominar sociedades. Este fenómeno no es nuevo, pero ha evolucionado drásticamente. En las décadas de los 80 y 90, se manifestaba de manera puntual a través de grupos armados en Colombia y Perú, como las FARC, el ELN, el M19, Sendero Luminoso y el MRTA, que utilizaban el tráfico de cocaína para financiar violencia y reivindicaciones políticas. Hoy, en el siglo XXI, se ha institucionalizado, controlando estados enteros y convirtiendo dictaduras en narcoestados, donde gobiernos participan directamente en el narcotráfico y lo emplean para terrorismo interno e internacional. Los narcoestados, como los vistos en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, practican terrorismo de estado para someter poblaciones mediante delitos gubernamentales que generan miedo y alteran conductas. A nivel internacional, se asocian con entidades terroristas, como la teocracia iraní, y penetran democracias vecinas. Esto incluye la exportación de migraciones forzadas que llevan grupos criminales como el Tren de Aragua o carteles, desestabilizando seguridad y financiando campañas electorales. Como resultado, surgen gobiernos para-dictatoriales en países como México, Colombia, Brasil y Honduras, donde líderes llegan al poder con apoyo de estos recursos ilícitos, sirviendo a intereses narcoterroristas. Esta expansión representa una amenaza global a la libertad, la seguridad y la democracia, afectando no solo a las Américas sino al mundo. En respuesta, Estados Unidos ha declarado la guerra al narcoterrorismo como eje de su política exterior, identificándolo como la agresión más grave contra sus valores y los de la región. Operaciones como las dirigidas contra el Cartel de los Soles en Venezuela buscan liberar pueblos cautivos del crimen organizado, no como conflictos interestatales, sino como acciones contra carteles que detentan poder. Esta postura es respaldada por naciones democráticas como Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay y El Salvador, mientras que gobiernos para-dictatoriales como los de Colombia, México y Brasil defienden o negocian con estos regímenes. En Bolivia, el narcoterrorismo persiste pese al cambio de gobierno, con un estado plurinacional cuyas leyes y constitución protegen el narcotráfico y violan derechos humanos, permitiendo impunidad y terrorismo de estado. Aunque el nuevo presidente ha reorientado la política exterior hacia democracias como Estados Unidos, reabriendo relaciones y potencialmente permitiendo el regreso de agencias como la DEA, internamente no se han implementado cambios significativos. El país enfrenta crisis múltiples, desde económicas hasta de seguridad, heredadas de un sistema donde el crimen ha reemplazado a la política. Para desmantelar el narcoestado en Bolivia y la región, se requieren medidas drásticas: cesar el ordenamiento jurídico que lo sostiene, eliminar la impunidad para criminales y narcotraficantes, e ilegalizar instrumentos políticos que permiten la participación del narcoterrorismo. Sin estas acciones, el cambio geopolítico impulsado por Estados Unidos podría fallar, perpetuando la inestabilidad. La geopolítica actual divide el mundo entre defensores de la democracia y aliados del narcoterrorismo, exigiendo decisiones urgentes para restaurar la soberanía y la libertad.