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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha desmantelado una compleja trama de 47 empresas fantasma que durante cinco años defraudaron más de 18 millones de euros a través de facturas falsas y esquemas de fraude fiscal organizado. Lo que comenzó como una simple denuncia por una factura falsa de 3.000 euros ha escalado hasta convertirse en una de las investigaciones más complejas sobre criminalidad económica de los últimos años, con ramificaciones que están llegando hasta contratos públicos y posibles casos de corrupción política en administraciones locales. La investigación comenzó cuando una empresa de obras públicas denunció haber detectado una factura falsa emitida supuestamente por uno de sus proveedores. Lo que parecía un caso menor de fraude aislado se transformó cuando los investigadores de la UCO descubrieron que la cuenta bancaria receptora pertenecía a una empresa fantasma, la primera de 47 entidades instrumentales creadas específicamente para canalizar dinero irregular, emitir facturas falsas y generar gastos deducibles ficticios. Durante más de dos años, la UCO trabajó en silencio reconstruyendo toda la red, identificando a los cerebros de la operación, localizando testaferros y trazando el flujo completo del dinero defraudado. El operativo final se ejecutó simultáneamente en 14 provincias españolas, con más de 200 agentes participando en 31 registros domiciliarios y empresariales. Se detuvieron 17 personas, incluyendo a los tres responsables principales: dos asesores fiscales y un empresario coordinador. La documentación incautada está revelando conexiones con contratos públicos, referencias a comisiones vinculadas a adjudicaciones, y contactos con cargos políticos locales. La UCO ha descubierto una base de datos con más de 200 empresas adicionales que contactaron con la trama, lo que indica que el alcance real podría ser mucho mayor de lo calculado inicialmente. La investigación continúa escalando. Los peritos analizan toneladas de documentación y dispositivos electrónicos. La Agencia Tributaria inspecciona declaraciones fiscales de todas las empresas vinculadas. Y la UCO investiga posibles ramificaciones de corrupción política en adjudicaciones públicas de ayuntamientos. Este caso demuestra cómo el fraude fiscal organizado se oculta detrás de estructuras empresariales aparentemente legales y cómo la UCO puede desmantelar tramas de esta complejidad cuando se realiza el trabajo técnico adecuado. En Alerta UCO seguimos esta investigación y cada operativo de la Guardia Civil contra criminalidad económica organizada. Suscríbete y activa la campana para seguir todos los desarrollos de un caso que todavía está lejos de cerrarse.