Lucha contra el narcotráfico fracasa cuando los narcos toman el poder скачать в хорошем качестве

Lucha contra el narcotráfico fracasa cuando los narcos toman el poder

Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Edwing Castro Poma en "Contraparte Bolivia": El narcotráfico, que durante décadas fue tratado como un delito transnacional, ha mutado en el siglo XXI en una amenaza de primer nivel para la democracia en el continente. La primera gran alerta se produjo a finales de los años 70 y comienzos de los 80, cuando el auge de la cocaína unió al colombiano Pablo Escobar con el boliviano Roberto Suárez y con el régimen cubano de Fidel Castro. Este triángulo consolidó el primer narcoestado de la región: Cuba. Para ocultar su implicación, Castro incluso fusiló a altos mandos militares que actuaban como intermediarios en las operaciones de tráfico. Bolivia, sin embargo, tomó otro camino en los años 80 y 90. Con la Ley 1008, promovida por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, se estableció una política de Estado basada en cuatro pilares: prevención, interdicción, erradicación de la coca ilegal y desarrollo alternativo. Esa estrategia, apoyada por la DEA estadounidense, redujo el cultivo ilegal de coca de casi 70.000 hectáreas a apenas 3.000 en 2003, convirtiendo al país en un modelo internacional de lucha antidroga e inspiración para el Plan Colombia. Pero el tablero geopolítico cambió radicalmente con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1999. Su alianza inmediata con La Habana inauguró el llamado “socialismo del siglo XXI”, que no tardó en acusar de “fracaso” a la lucha antidroga y en promover la legalización de la coca y la cocaína como bandera ideológica. Evo Morales, una figura emergente desde los sindicatos cocaleros del Chapare, abrazó ese discurso y llevó a Bolivia a revertir todo el sistema de control: expulsó a la DEA, debilitó la Ley 1008 y convirtió a los cultivadores ilegales en una maquinaria política. El resultado fue que Bolivia pasó de ser un referente global contra el narcotráfico a convertirse en un narcoestado plenamente identificado. Hoy se estima que existen cerca de 100.000 hectáreas de coca ilegal, múltiples carteles extranjeros operando en su territorio —incluidos grupos mexicanos, brasileños y hasta redes vinculadas al terrorismo islámico—, y se han documentado casos de altos jefes policiales y militares involucrados en el tráfico internacional. El fenómeno se expandió a toda la región. El llamado “cartel de los soles” domina el aparato estatal venezolano, el correísmo en Ecuador fue señalado por financiar campañas con dinero ilícito, y en países como Argentina, Paraguay o Uruguay, funcionarios y legisladores promovieron normas favorables al narcotráfico. Así se formaron varios narcoestados, donde el delito deja de infiltrarse en el poder para directamente administrarlo. Sin embargo, 2025 parece marcar un punto de quiebre. Estados Unidos ha redefinido su política exterior y ahora reconoce explícitamente a los carteles y gobiernos vinculados al narcotráfico como organizaciones narcoterroristas. Países como Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana han comenzado a reposicionarse del lado de la legalidad y la defensa de la democracia. El eje de confrontación ya no es izquierda versus derecha: es crimen organizado versus libertad. Bolivia enfrenta así una encrucijada histórica. Salir del narcoestado que no depende solo de elecciones, sino de desmontar jurídicamente el andamiaje plurinacional que dio cobertura institucional al crimen organizado. La batalla ya no es solo política: es civilizatoria.