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Álvaro Uribe Vélez declarado libre, pero, ¿es inocente? Por: William Vianney Solano Docente y periodista El Tribunal Superior de Bogotá ha revocado la condena de primera instancia que imponía doce años de prisión domiciliaria a Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. En su fallo, los magistrados argumentaron que existieron fallas estructurales en la sentencia anterior: deficiencias en el razonamiento jurídico, pruebas obtenidas con vicios y testimonios inconsistentes que, según su criterio, no alcanzaban para sustentar una condena. La decisión, que devuelve la libertad plena al expresidente, ha provocado un terremoto político y emocional. Mientras el uribismo celebra lo que considera una reivindicación histórica, amplios sectores de la oposición y de la sociedad civil ven en este fallo una herida abierta para la justicia y la memoria colectiva. Como periodista y docente, observo este episodio no solo como un asunto judicial, sino como un reflejo de las tensiones que aún atraviesan la democracia colombiana. El caso Uribe se ha convertido en una especie de espejo nacional: lo que cada ciudadano ve en él depende de sus convicciones políticas, de sus heridas del pasado y de la confianza —o desconfianza— que aún tenga en las instituciones. El tribunal, al anular la condena, sostiene que no hubo pruebas sólidas. Pero una absolución judicial no equivale necesariamente a una absolución moral o histórica. En la esfera jurídica, la duda favorece al procesado; en la esfera ética y política, la duda invita a la reflexión. ¿Cuántas verdades quedan fuera de los expedientes? ¿Cuántos silencios moldean el relato de la justicia? Lo cierto es que la decisión profundiza la polarización del país. En un lado, quienes ven a Uribe como víctima de una persecución política y símbolo de autoridad. En el otro, quienes lo consideran responsable —aunque no condenado— de un entramado que va más allá de un caso individual: el de un modelo de poder sostenido en la militarización, la impunidad y la concentración política. La absolución de hoy no cierra un capítulo; lo reabre. Refuerza la idea de que la justicia colombiana sigue atrapada entre presiones políticas, interpretaciones jurídicas y un déficit de legitimidad ante la opinión pública. Para las víctimas, este fallo puede sentirse como un retroceso simbólico en su búsqueda de verdad y reparación; para el uribismo, representa una victoria moral que reaviva su caudal político con miras al próximo ciclo electoral. Como docente, creo que este momento debe ser aprovechado pedagógicamente. Es urgente enseñar a las nuevas generaciones que la justicia no se mide solo por sentencias, sino por la confianza que inspire. Y como periodista, reafirmo que la independencia de la prensa es más necesaria que nunca: sin ella, la historia se escribiría solo desde el poder. El fallo del 21 de octubre de 2025 nos deja una tarea colectiva: diferenciar entre ser declarado libre y ser realmente inocente. La primera condición la otorga la ley; la segunda, el tiempo, la memoria y la conciencia de un país que aún busca verdad entre ruinas de discursos. Sígame y aprende más DCerca / Periodismo Independiente