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Pronunciamiento de la Dra. Yumbay sobre el inicio de la fiscalización con relación al Paro Nacional

Pronunciamiento de la Dra. Mariana Yumbay, ante los medios de comunicación, en la Asamblea Nacional, el 21 de octubre de 2025, sobre el inicio de los procesos de fiscalización, con relación al Paro Nacional y la represión de la Fuerza Pública en Imbabura. En su pronunciamiento ante los medios de comunicación, la Dra. Mariana Yumbay informó sobre el inicio del proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional por dos hechos graves: la explosión del coche bomba en Guayaquil y las violaciones a los derechos humanos registradas durante el paro nacional, especialmente en la provincia de Imbabura. La legisladora cuestionó la falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte del Gobierno y exigió que los ministros involucrados comparezcan ante la Asamblea para explicar los hechos de violencia, las detenciones arbitrarias y las muertes ocurridas durante las protestas. Denunció que el Estado ha usado armamento, recursos públicos y fuerza desproporcionada contra su propio pueblo, mientras mantiene el abandono de los servicios básicos, la crisis hospitalaria, la inseguridad y el desempleo. La Dra. Yumbay señaló que el Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel, es una de las principales causas del malestar social y que fue emitido sin diálogo, sin consenso y sin sensibilidad política. Afirmó que el presidente debe gobernar escuchando y no de espaldas al país, y que el diálogo solo será real si se basa en la igualdad y el respeto, no en la imposición. Asimismo, criticó la falta de independencia de la Asamblea Nacional, asegurando que la mayoría oficialista protege al Ejecutivo e impide que la fiscalización avance. Denunció que ningún proceso de control político ha prosperado en el actual periodo legislativo, lo que refleja una institucionalidad debilitada y una Asamblea que ha dejado de representar los intereses del pueblo. La asambleísta advirtió además sobre la tendencia privatizadora del Gobierno, que intenta entregar sectores estratégicos como el IESS y la seguridad social a manos privadas, mediante leyes calificadas como urgentes en materia económica. Señaló que, mientras se perdonan deudas a grandes grupos económicos, el pueblo enfrenta el abandono del Estado y el deterioro de sus derechos básicos. Finalmente, reiteró su compromiso de exigir verdad, justicia y transparencia, y su disposición de continuar con la fiscalización, aunque reconoció que el actual contexto político dificulta el control democrático. Hizo un llamado a los organismos internacionales a vigilar las violaciones de derechos humanos y exhortó al Gobierno a cumplir la Constitución de 2008, que garantiza educación, salud, trabajo y dignidad para todos los ecuatorianos. “Fiscalización frente a la represión y el abandono.” “El Estado usa armas contra el pueblo, no contra la delincuencia.” “El diálogo no se impone, se construye con respeto y verdad.” “El Decreto 126 empobrece más al país.” “Los ministros deben dar la cara.” “La Asamblea no puede seguir siendo cómplice del silencio.” “Privatizar la seguridad social es robarle al pueblo su futuro.” “Gobernar es escuchar, no reprimir.” “La Constitución del 2008 les incomoda porque garantiza derechos.” “La fiscalización es un deber, no una amenaza política.” “El pueblo exige justicia, no represión.” “No se puede hablar de diálogo con el pueblo herido.”