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Gobierno declara en emergencia el suministro de gas natural por problemas en el gasoducto

Una intensa llamarada registrada el último domingo en una estación de válvulas del sistema de transporte de gas natural encendió las alertas en el país y generó la escasez del recurso en Lima y otras regiones. El incidente ocurrió en el kilómetro 43 del ducto principal, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención. De acuerdo con la información oficial, la fuga estuvo acompañada de una deflagración en una de las válvulas del sistema troncal de transporte, considerado la principal arteria por donde circula el gas y los líquidos derivados. Como consecuencia, el Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo, activando un mecanismo de racionamiento para priorizar el abastecimiento. El exviceministro de Energía, Pedro Gamio, explicó que la paralización afecta tanto el transporte de gas seco como el de líquidos. Sin embargo, la medida también alcanza a miles de conductores que dependen del gas natural vehicular (GNV) para trabajar diariamente. El plan de racionamiento contempla únicamente al transporte público masivo, dejando fuera a vehículos de carga y unidades livianas como taxis, coasters y mototaxis, lo que ya genera largas colas y desabastecimiento en distintos grifos de la capital. FALTA DE COMBUSTIBLE Conductores reportaron la falta del combustible en diversas zonas y señalaron que han debido recorrer varios establecimientos sin éxito. Algunos indicaron que la demanda inusual ha provocado extensas filas y tiempos de espera mayores a los habituales. Por su parte, la Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del principal gasoducto del país, informó que las causas del incidente se encuentran en investigación y que, como medida preventiva, se suspendieron los sistemas de transporte de gas natural. En tanto, la empresa distribuidora Cálidda exhortó a los usuarios a hacer un uso responsable del recurso en los hogares, mientras que el Osinergmin indicó que supervisa el cumplimiento de los criterios establecidos por el Gobierno durante el proceso de racionamiento.