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La Alcaldía de El Alto, junto a la Policía Boliviana y la Guardia Municipal, inició un operativo de control a las 6:30 de la mañana para verificar que los conductores de minibuses y micros respeten la tarifa diferenciada de 1.50 bolivianos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, en lugar de los 2 bolivianos de la tarifa regular, tras recibir denuncias de que algunos transportistas no solo incumplían el descuento sino que incluso se negaban a recoger a escolares por este motivo. La alcaldesa municipal, quien se presentó en el lanzamiento del operativo, señaló que se están llevando a cabo negociaciones con la Federación de Transportistas para eliminar las paradas intermedias que fomentan el "trameaje" (cobro excesivo por tramos), al tiempo que se ha inscrito una consultora para realizar un estudio de costos y operaciones del transporte que brinde mayor claridad sobre las rutas y tarifas justas, un análisis que no se actualizaba desde hace más de 12 años. Para disuadir las infracciones, la comuna prepara una resolución municipal que incluirá sanciones progresivas como multas económicas, retiro de números de ruta y hasta la cancelación de líneas, con el objetivo de que tanto conductores como usuarios cumplan con las normativas y se proteja la economía de los ciudadanos que actualmente pagan hasta 10 o 15 bolivianos por recorridos que deberían costar significativamente menos.