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Caso Forestalia: El PSOE "purgó" técnicos para aprobar proyectos de renovables en Aragón

Escándalo en Aragón: El director político del INAGA desmanteló los controles para favorecer a Forestalia La investigación de la Operación Perserte ha destapado lo que la Guardia Civil califica como un "desmantelamiento de los contrapesos administrativos" en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) para beneficiar a la empresa Forestalia durante el Gobierno del socialista Javier Lambán. 1. Un cargo político por encima de la técnica El informe policial pone el foco en Jesús Lobera, exdirector del INAGA y uno de los seis detenidos en la operación. La Guardia Civil es tajante al describir su perfil: Nombramiento "a dedo": Se le define como un cargo "puramente político" del PSOE, carente de conocimientos específicos en gestión ambiental. Aprobación sistemática: Bajo su mando, el INAGA dio luz verde a la práctica totalidad de los proyectos de Forestalia, ignorando los criterios de sostenibilidad. De una avalancha histórica de solicitudes, solo tres expedientes obtuvieron una evaluación desfavorable en años. 2. Purgas y manipulación de informes La investigación revela un modus operandi presuntamente delictivo para garantizar que los parques eólicos y solares salieran adelante a cualquier precio: Acoso a los técnicos: Aquellos funcionarios que emitían evaluaciones negativas contra los intereses de Forestalia eran apartados de sus funciones de forma fulminante, sin expediente disciplinario ni justificación legal. Alteración de documentos: Los técnicos han denunciado la modificación de borradores y el uso de informes de "baja calidad técnica" que parecían redactados ad hoc para justificar decisiones políticas ya tomadas de antemano. 3. La sombra de los "niveles más altos" del PSOE El informe de la Guardia Civil sugiere que la trama no terminaba en la dirección del INAGA. Las presiones vividas y los cambios de criterio sin justificar apuntan a una estrategia coordinada que podría escalar a los niveles más altos del anterior Gobierno de Aragón. Este presunto sistema de corrupción institucional habría permitido a Forestalia saltarse los controles ambientales necesarios, poniendo en riesgo el territorio a cambio de acelerar un despliegue de renovables bajo sospecha judicial.