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Carlos Alsina reflexiona sobre la sentencia que condena al fiscal general y sobre la actuación del Gobierno en este caso. #gobierno #pedrosánchez #psoe #españa #psoe #corrupcion 🔗 Más, en ondacero.es: https://www.ondacero.es/programas/mas... Déjenme que les cuente una historia, que es muy corta, ya verán. El creador de opinión, cuyo criterio esperaban conocer aquel día sus muchos seguidores, se examinó a sí mismo, se palpó la frente, las manos, la garganta, repasó las notas que había ido tomando a lo largo de la jornada, probó el micrófono, toc toc, se me oye, se me oye, y cuando el público, expectante, aguardaba ansioso saber si estaba a favor en contra, dijo: "Me siento hoy incapaz de complaceros porque para mí todavía es pronto. Hagamos tiempo, si os parece, y en lugar de un editorial sobre esta sentencia histórica os invito a que disfrutemos juntos del disco de Rosalía". opinar sobre una sentencia sin tenerla No, no es esto lo que vamos a hacer ahora. Escuchar a Rosalía. Pero igual deberíamos. Porque pocas cosas más arduas se le pueden presentar a alguien, y más inútiles también, que opinar sobre una sentencia judicial cuando aún no se conoce tal sentencia. Lo de hoy es el más es el más difícil todavía para comentaristas, columnistas, tertulianos y creadores de opinión, en general: opinar sobre una sentencia sin tenerla. Hay que ser muy presidente de gobierno para poder hacer semejante virguería. El hecho probado, por recurrir a términos jurídicos, es que el fiscal general del Estado ha sido inhabilitado para seguir ejerciendo como fiscal por haber revelado datos reservados de los que tuvo conocimiento por ser quien era, una autoridad o funcionario público. El hecho probado es que el Tribunal Supremo que lo ha juzgado considera probada su autoría. No necesariamente de una filtración, que es concepto más periodístico que otra cosa, sino de una revelación de datos a los que tuvo acceso por ser fiscal general y que no debían ser divulgados. El hecho probado es que el Supremo ha informado del fallo al que ha llegado el tribunal, pero no ha informado aún del por qué y cómo se llega a él, es decir, los fundamentos jurídicos. El hecho probado es que el tribunal no aprecia que causara un daño grave ni a un particular ni a la causa pública, por lo que aplica la pena más leve de las posibles. Y el hecho probado, en fin, es que no ha habido unanimidad de los siete magistrados, sino un cinco a dos a favor de la condena. Si el Supremo hubiera difundido la sentencia completa en lugar de sólo su desenlace sería más útil hoy el debate, pero es que aún no la tiene redactada. Opinar, por tanto, hoy es conducir a ciegas. Por eso los ministros, el PSOE, Sumar, el PP, los independentistas catalanes, Carmen Calvo y media Humanidad no están opinando, en realidad, sobre la sentencia. Están opinando sobre si el desenlace ha sido el que ansiaban o el que aborrecían. Y, en ese sentido, las opiniones son un remake de lo que ya había. Hecho probado es que el presidente, y su coro automático, ha intoxicado a la opinión pública durante más de un año confundiendo la loable tarea de combatir bulos con tener barra libre para hacerlo saltándose la ley, que es otra cosa. Que ahora salga el gobierno a pedir calma y confianza en la Justicia, a la vez que desliza que los fiscales, inspectores de Hacienda y periodistas han sido cuestionados y que la sentencia es política, son ganas de seguir tensando la cuerda porque para el actual presidente todo, siempre, es una competición y nada lleva peor que echar un pulso y perderlo. Quien no ha aprendido a perder difícilmente aprenderá nunca a ganar con grandeza. Conociendo a Sánchez, ganas le habrán entrado de nombrar fiscal general otra vez a Dolores Delgado. O a Baltasar Garzón, reconocido jurista cuya inhabilitación ya caducó. Hecho probado, opiniones al margen, es que gobernando Sánchez un fiscal general del Estado ha sido procesado, juzgado y condenado. Y que no se habría llegado a este hito tan incómodo si el fiscal general hubiera tenido la prudencia de apartarse antes de su cargo. Apartarse para probar que la institución está por encima de las personas y que nadie es insustituible. Porque no lo es. Va a haber un nuevo fiscal general nombrado por el gobierno y será de la cuerda del gobierno como lo han sido siempre. Habrá un fiscal general del gusto de quien lo nombra. Y una vez nombrado, será él (o ella) quién decida cuánto de independiente, autónomo y blindado a consignas gubernativas quiere ser. Es decir, si desea ejercer como fiscal general o elige permitir que el gobierno le trate como a un ministro más del gabinete Sánchez. Si desea ser el sucesor de García Ortiz o el clon del fiscal general condenado.