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#APeñaLePido

Firma la petición en https://goo.gl/rCuiOq Desde #REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México llamamos a la Presidencia de la República a designar presupuesto suficiente que permita la implementación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) promulgada en 2014. Saludamos que esta Ley General fue enviada al Congreso de la Unión con carácter preferente desde la Presidencia lamentablemente de forma contradictoria se acompañó de un dictamen de impacto presupuestal cero dejando su implementación en la incertidumbre y violentando con ello el Artículo 4° Constitucional que refiere que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. Este 20 de noviembre se cumplieron 27 años que el Estado Mexicano se comprometió internacionalmente a proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de niñas niños y adolescentes; tardamos 25 años en tener una ley nacional armonizada con la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989). Llamamos de forma urgente al Presidente de la República, a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a instalar de forma inmediata una mesa de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y el Sistema de Naciones Unidas (ONU) a fin de analizar y definir el gasto público que se debe orientar para dicha implementación. Recordamos que la SHCP tiene la potestad de realizar ajustes al Presupuesto 2017 durante el primer trimestre del próximo año. Precisamos que sin la asignación de recursos para la implementación de la Ley General, será demagógico hablar de la operación del Sistema Nacional de Protección Integral que demandará acciones de articulación entre lo federal, estatal y municipal para que operen los programas públicos desde un enfoque de derechos humanos. El Estado Mexicano sigue teniendo una deuda histórica con su infancia y adolescencia, cerca de 40 millones de ciudadanas y ciudadanos que siguen invisibles para las y los tomadores de decisiones en el país. ¡Si gana la niñez gana México, ganamos todas y todos!