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Hallazgo de los hornos de Lonquén. Noviembre 1978

Durante los primeros años de la dictadura las autoridades negaron sistemáticamente la existencia de detenidos desaparecidos. A principios de 1978, el ministro del Interior, Sergio Fernández, aseguró incluso que "es muy factible que la gran mayoría de los presuntos desaparecidos hayan pasado a la clandestinidad o hayan caído en enfrentamientos bajo las identidades falsas que portaban, impidiendo su individualización". Sin embargo, a fines de noviembre de 1978 un hecho vendría a desmentir de manera brutal esta versión oficial. Un campesino llegó hasta la Vicaría de la Solidaridad en Santiago para informar del hallazgo de restos humanos en una antigua mina de cal en el sector de Lonquén, en la comuna de Talagante. Después de constatar la presencia de los cuerpos y de ropa en el lugar, la Vicaría presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema, que designó a la jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy, para investigar los hechos. Unos días más tarde, la Corte designó como ministro en visita extraordinaria al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados, para proseguir la indagatoria. El Instituto Médico Legal identificó entonces los 15 cuerpos encontrados como Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos, Omar y Ramón; y los jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro. Sus edades fluctuaban entre los 17 y los 51 años. El ministro Bañados estableció que todos ellos habían sido detenidos el 7 de octubre de 1973 por carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo, y descartó sus muertes en el marco de un enfrentamiento, como intentaron hacer creer los funcionarios policiales. Luego, Bañados se declaró incompetente y pasó la causa a la justicia militar, que declaró reo a varios de los carabineros involucrados, pero en agosto de 1979 sobreseyó definitivamente la causa en aplicación de la Ley de Amnistía. Recién en 2018, una vez que la causa fue devuelta a la justicia civil, la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva contra 6 carabineros en retiro por los hechos de Lonquén, además de establecer una indemnización para los familiares. Tras los primeros peritajes realizados a los restos óseos, la justicia militar ordenó la entrega de los cuerpos a sus familiares. Sin embargo, los restos de las víctimas fueron sacados de noche desde el Instituto Médico Legal, y enterrados en una fosa común sin informar a los familiares. No fue sino 37 años más tarde, en marzo de 2010, cuando los quince cuerpos fueron finalmente entregados a las familias y sepultados en una ceremonia pública multitudinaria en Isla de Maipo. Los invitamos a recordar este suceso, a través de la “Tonada por Lonquén”, una adaptación de un poema de Pablo Neruda con música de Vicente Bianchi, interpretada por el Conjunto Folclórico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, audio que pertenece al fondo Lidia Baltra, y que pueden escuchar también en este enlace: https://bit.ly/2IOVdS8