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En la antesala de la votación en el Senado, gobernadores y sindicalistas intensifican presiones y denuncias sobre la reforma laboral. El oficialismo busca consensos mientras se multiplican acusaciones de amenazas y divisiones internas. A pocas horas de una votación crucial en el Senado argentino, el debate por la reforma laboral se intensifica. Gobernadores dialoguistas y duros, sindicalistas enfrentados y un gobierno decidido a avanzar marcan el escenario político. Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, denunció que varios mandatarios provinciales han sido amenazados con intervenciones partidarias si no votan en contra de la reforma: "Hay gobernadores que han sido hasta amenazados... les iban a intervenir el partido como ya lo hicieron en varias provincias", afirmó. El oficialismo sostiene que la modernización laboral es imprescindible para formalizar empleo e incentivar inversiones. Diego Santilli, funcionario nacional, criticó al kirchnerismo por "generar atrasos fiscales y laborales" y defendió las prioridades del gobierno: "Nuestra prioridad es tener una modernización laboral y bajar impuestos". Según Santilli, más de la mitad de los trabajadores argentinos carecen de derechos formales. Por su parte, los sindicatos muestran posturas divididas. Pablo Moyano (CGT) llamó a movilizarse contra una ley que considera perjudicial para los trabajadores: "¿Qué tenés que dudar senador peronista si es una ley que va en contra de los laburantes?". Mientras tanto, algunos gremios liberaron a sus afiliados para adherir a paros o movilizaciones parciales. El resultado final dependerá del delicado equilibrio entre concesiones fiscales exigidas por los gobernadores y las demandas sindicales. El gobierno apuesta a lograr consenso sin ceder sus dos ejes principales: modernización laboral e incentivo fiscal.