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Congreso exige salida del presidente de la JNJ, Gino Ríos, por sentencia de violencia familiar

El nombramiento de Gino Ríos como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha generado una ola de críticas en el Congreso, luego de que se conociera que el magistrado cuenta con una sentencia consentida por violencia familiar. Los legisladores Héctor Acuña y Susel Paredes presentaron un oficio dirigido a la vicepresidenta de la JNJ, María Cabrera, solicitando la vacancia inmediata de Ríos, amparándose en los impedimentos establecidos por la Ley Orgánica de dicha entidad. La supuesta condena contra Ríos habría emitida en mayo de 2011 por un juzgado de familia de La Molina y Cieneguilla, tras hallarlo responsable de maltrato psicológico contra su exesposa. A pesar de esta sentencia, Ríos logró acceder al cargo en la JNJ, lo que, según los congresistas firmantes del oficio, constituye una clara infracción al artículo 11 de la norma que regula el funcionamiento de esta institución. Congresistas cuestionan falta de idoneidad “El señor Ríos Patio se encuentra incurso en una causal de vacancia, por lo que corresponde su inmediata separación”, indica el documento remitido por Acuña y Paredes. La solicitud también hace referencia al artículo 13 de la ley orgánica, que dispone la separación automática de cualquier miembro que incumpla los requisitos establecidos, bajo responsabilidad de los demás integrantes de la Junta. Jorge Montoya, también congresista, respaldó el pedido y afirmó que “han infringido la norma al nombrarlo”. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, por su parte, defendió la legalidad del nombramiento alegando que “el señor [Ríos] está válidamente ahí”, aludiendo a que la condena antecede a la promulgación de la ley vigente. Sin embargo, el propio Gino Ríos aplicó dicha norma en abril pasado para separar a otro miembro de la JNJ, Rafael Ruiz, por una condena emitida en 2010, lo que ha abierto un debate sobre la coherencia y los estándares de idoneidad moral dentro del organismo que tiene la misión de fiscalizar a jueces y fiscales en el país.