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La marginalidad urbana no es un fenómeno accidental ni una falla aislada, sino una consecuencia estructural de la competencia económica por la apropiación de la plusvalía en contextos de profunda vulnerabilidad pública. En el Sur Global, la pobreza del espacio deriva de la "ocupación" de la ciudad por parte del capital privado en aquellas áreas que el Estado abandona por incapacidad institucional o falta de recursos. Como bien señala el autor Andreu Marfull Pujadas, en el libro URBANISMO EN EL SUR GLOBAL: "En todas partes existe el mismo motor económico urbanizador que ofrece la plusvalía, pero no la capacidad pública y social para apropiarse de ella y crear, transformarla en una ciudad mejor". El desarrollo urbano responde a lógicas divergentes según el actor que lo encabece. El éxito de estos proyectos se mide bajo dos fórmulas de viabilidad: Iniciativa Privada: El Negocio Inmobiliario Fórmula: Beneficios–Costes=Resultado Positivo. Lógica: El objetivo primordial es el lucro. Los beneficios provienen del valor de venta o renta de los inmuebles, el cual incorpora la plusvalía generada por el entorno. Los costes integran la construcción, gestión de ventas, tasas de conexión, licencias, seguros y honorarios de servicios técnicos (arquitectos e ingenieros). La urbanización de calles y zonas verdes se suma al coste, pero se traduce en un incremento del valor final del producto privado. Iniciativa Pública: El Bienestar Colectivo Fórmula: Presupuesto Asignado–Costes=Beneficio Comunitario. Lógica: El éxito no se mide en términos monetarios, sino en la garantía de derechos y la calidad de los servicios públicos. No obstante, esta fórmula depende críticamente de la robustez del Contrato Fiscal entre el gobierno y la economía. Sin una Hacienda Pública bien dotada y capitalizada que recicle la plusvalía, la capacidad del Estado para generar bienestar cualitativo se vuelve nula. La plusvalía es, fundamentalmente, un derecho planificado. No es un valor estático, sino que depende de la densidad y la verticalidad permitida por el plan urbano: una parcela donde se permite construir un rascacielos genera una plusvalía exponencialmente mayor que una destinada a una vivienda unifamiliar. Este incremento recae sobre el suelo y está condicionado por la calidad del entorno, los servicios públicos y el potencial futuro de la zona. La plusvalía potencial es el centro de una disputa constante entre tres agentes con intereses contrapuestos: El Municipio: Actúa en representación de la comunidad. Su misión es modelar la plusvalía mediante la planificación racional para crear equipamientos (hospitales, escuelas) y espacios públicos, asegurando que la propiedad cumpla su función social. La Propiedad del Suelo: Su interés es maximizar el lucro privado. Es quien técnicamente "paga" el desarrollo, aunque busca retener la mayor parte del incremento de valor generado por el plan. La Empresa Desarrolladora: Responsable de la ejecución técnica. Su rentabilidad proviene de su servicio, y es común que en el Sur Global se le pague "en especie" (mediante la entrega de lotes o unidades construidas). En escenarios de alta especulación, suele fusionarse con la propiedad del suelo para capturar la totalidad de la plusvalía. La planificación urbana no es un trámite administrativo; es la herramienta más potente y de menor coste que posee un Estado para capturar valor antes de que este se pierda en la especulación desmesurada. En el Sur Global, el abandono de la planificación equivale a entregar la ciudad al capital más extractivo. Solo mediante planes urbanos viables que colectivicen la plusvalía es posible revertir la marginalidad y transformar el motor económico urbanizador en un instrumento de equidad social y desarrollo humano. --- Podcast realizado con IA - Notebook LM.