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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó a tres inversionistas extranjeros que durante más de una década han desarrollado negocios en el país. Todos ellos fueron confiscados tras la cancelación definitiva del contrato de concesión de la Planta Geotérmica Momotombo, en Nicaragua. Se trata de los socios mexicanos Arturo Gamboa Rullán y Pablo Monroy, y del guatemalteco Fernando Paiz, miembro de uno de los grupos empresariales más poderosos de Centroamérica. La nueva Procuraduría de Justicia, al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, justificó la cancelación de la concesión a la empresa Momotombo Power, alegando que el general en retiro y exasesor presidencial, Álvaro Baltodano Cantarero, expresidente de la Corporación Nacional de Zonas Francas, y su hijo, el empresario nicaragüense-mexicano Álvaro Baltodano Monroy, estaban coludidos en una operación de “lavado de dinero” con “otras personas”, que no identificaron. Pero ninguno de los empresarios socios de Baltodano Monroy; que invirtieron en la empresa durante 12 años, tiene el perfil de un lavador de dinero. Poco antes de adquirir la empresa geotérmica, en sociedad con Álvaro Baltodano Monroy a través de Momotombo Power, los mexicanos Monroy y Gamboa habían incrementado su fortuna al vender el 33% de las acciones de la empresa Genomma Lab, en la que ambos eran accionistas. Una transacción estimada en 300 millones de dólares. Paiz, por su parte, en 2005 vendió sus operaciones de Supertiendas Paiz y Despensa Familiar en Guatemala y El Salvador a Walmart Stores, y es el inversionista de Mangosa en Nicaragua, entre otras sociedades. En 2013, la empresa Momotombo Power Company, encabezada por el empresario Álvaro Baltodano Monroy con empresarios guatemaltecos y mexicanos, adquirió por 7.5 millones de dólares la concesión que antes estaba a nombre de Ormat Momotombo Power Company. Conoce la historia completa en nuestro sitio web confidencial.digital.