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Que investiguen a Scherer y a Ramírez

Estos no han sido los mejores días del movimiento de la 4-T, al contrario.           Todo lo desató Julio Scherer cuando en el libro de Jorge Fernández, acusó a Jesús Ramírez, coordinador de comunicación social de López Obrador, hoy de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, de utilizar 27 mil millones de pesos de un fondo que le encomendó para apoyar a los extrabajadores de Luz y Fuerza y para sus fines personales y de lavar dinero del crimen organizado para mejorar sus finanzas y las de candidatos de Morena a los gobiernos de Tamaulipas, Américo Villarreal, Sonora, Alfonso Durazo, y hasta el de Clara Brugada, de los que fue apoyador, como documentan los testimonios gráficos de sus campañas.           A su vez, Ramírez, acusó al poderoso consejero presidencial de extorsión y tráfico de influencias.           Estamos ante un intercambio de acusaciones de dos de los más cercanos del expresidente, Scherer y Ramírez, imputaciones que se persiguen de oficio.           Lo obligado es que ambos presenten sus denuncias ante la Fiscalía General de la República, o que ésta los tome por tratarse de delitos graves que se persiguen de oficio.           De lo que Scherer inculpa a Ramírez es de tener nexos con el crimen organizado a través del llamado Rey del Huachicol, Sergio Carmona y de desviar esos 27 mil millones de pesos para promover candidatos de Morena y financiar a sus youtuberos, bots y redes.           Por la salud del gobierno de la presidenta Sheinbaum y del movimiento, no debe quedar duda de lo que los íntimos de López Obrador se acusan.           Y, sobre todo, cuando el antecesor repetía que sabía todo lo que se hacía. ¿Nunca se enteró de la comisión de estos delitos de los que se acusan sus dos más cercanos?           El ministerio público federal debe intervenir y determinar la presunta responsabilidad penal de uno y otro.           Lo demás solo ahondará el conflicto, que pega de lleno en la gestión presidencial de Claudia Sheinbaum.