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En este episodio analizamos la Sentencia 3064-22-EP/25 de la Corte Constitucional del Ecuador y su impacto en el alcance de la Acción de Protección (AP) frente a actos administrativos. ¿Se está redefiniendo el estándar de procedencia de la AP? ¿Existe un desplazamiento hacia la jurisdicción contencioso-administrativa? ¿Qué implicaciones tiene esto para el control constitucional y el debido proceso? A partir de esta decisión, reflexionamos también sobre el acceso a la Acción Extraordinaria de Protección (AEP) y los desafíos prácticos que enfrentan litigantes y operadores jurídicos. En esta conversación revisamos: El contexto y fundamentos de la sentencia 3064-22-EP/25 Los límites entre justicia constitucional y justicia administrativa Los criterios actuales de admisibilidad de la Acción de Protección Las críticas doctrinarias sobre el acceso a garantías jurisdiccionales Consecuencias prácticas para abogados y servidores públicos Este análisis está dirigido a estudiantes de derecho, litigantes en materia administrativa y constitucional, y a quienes siguen la evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional del Ecuador.