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El delito fiscal. De la fase administrativa a la judicial

El vídeo en cuestión trata de discernir la investigación de hechos fiscales que tengan relevancia penal, así como también se pretende entender el momento en el que se inicia la llamada fase pre procesal. Se trata de llevar a cabo un juicio de ponderación entre los deberes constitucionales y los derechos fundamentales que tiene el administrado siempre que existan hechos investigables de relevancia penal. Se menciona también la evolución del sistema auto liquidador. Con ello se pretende que sea el propio contribuyente el que comunique a la administración datos informacionales de relevancia tributaria para tratar de incentivar la transparencia y la confianza entre ambas partes. Un punto clave es la colaboración del contribuyente pues sino la investigación sería mucho más farragosa. La función de la administración es más controladora que liquidadora. Serán ellos los que tengan la potestad de comprobar la investigación de datos siempre y cuando tengan objeto tributario. Ahora bien, cuando durante el curso de la inspección aparecen hechos de relevancia penal, la administración está obligada a: 1. Practicar la liquidación vinculada al #delito. 2. Llevar a cabo un informe acerca del delito para el traslado de culpa. 3. Llevar a cabo la investigación de hechos con relevancia penal. Es en este momento cuando surgen los primeros indicios fundados de delito penal. Ello será suficiente para considerar que las actuaciones han cambiado de naturaleza pues durante el transcurso de la investigación fiscal han surgido hechos de relevancia penal. Por tanto, podríamos afirmar que la fase pre procesal se inicia con las sospechas iniciales de delito y termina con los indicios racionales del delito. Será en este momento cuando la administración delegará las actuaciones en otro órgano ya que la naturaleza del delito ha mutado y la administración no ostenta capacidad alguna para llevar a cabo las funciones investigadoras en cuestión. Un tanto ambiguo el deber de la administración en este supuesto pues existe una incongruencia total por parte del legislador al exigir a la administración también informar e investigar sobre los delitos penales que surgen del cauce fiscal. No obstante, la jurisprudencia establece lo contrario pues el órgano competente para llevar a cabo estas actuaciones será la policía judicial y el Ministerio Fiscal. Se recalca también que el legislador ha abandonado a las dos partes pues en teoría es el encargado de orientar a ambos en la toma de decisiones. La conclusión es clara, no se le pueden atribuir a la administración cuestiones que no le corresponden pues surgiría la llamada desviación de poder. Para analizar esta cuestión, también sería preciso abordar lo suscitado en el artículo 305 del Código Penal ya que será el encargado de describir la conducta típica. El delito no se comete por no pagar, sino que se requiere de algo adicional. Esto sería el ánimo de eludir, engañar u ocultar a la #hacienda Pública. En este sentido, la jurisprudencia no puede establecer un catálogo de formas de ocultamiento. Lo importante es tratar de vislumbrar aquellas conductas, ya sean por acción u omisión, que se planteen como más problemáticas. Entre ellas; La autoría es un concepto relevante, aunque también existen otros sujetos que pueden ser partícipes de esa conducta eludible. Fue el artículo 31 el encargado de abordar esta cuestión señalando que a los administradores de hecho o derecho y a los representantes legales se les puede atribuir la autoría del delito especial. Lo que se pretende es alcanzar de forma subjetiva a toda una serie de personas físicas que faciliten la investigación de esos hechos. Así mismo, hemos de destacar la figura del partícipe pues como bien se establece en el vídeo, el delito no se consuma en el instante de hacer la liquidación, sino que corresponde a un tracto sucesivo y alargado en el tiempo que tenga por objeto el lograr que los rendimientos no afloren para que la Hacienda Pública no pueda detectar tales actuaciones. Finalmente se pone de manifiesto la figura del asesor fiscal. Por el mero hecho de asesorar no se incurre en delito, pero en el supuesto de ejecutar conductas materiales que supongan el agravamiento continuo de una conducta ilícita sí que debería ser punible para aquel que participa. #delitofiscal