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Estado Plurinacional de Bolivia ampara el narcoterrorismo y la impunidad

Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Edwing Castro Poma en "Contraparte Bolivia": Bolivia actualmente vive con la sustitución de la Constitución de la República por un modelo político importado, propio del socialismo del siglo XXI, que se consolidó bajo el rótulo de “Estado Plurinacional”. No se trata de un debate semántico ni ideológico, sino de una imposición nacida de la fuerza, sostenida por la violencia y amparada en una cadena de hechos que, por su origen, son ilegales y eventualmente nulos. En octubre de 2003, se produce el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente constitucional y se instala lo que se denomina la “agenda de octubre”: una hoja de ruta nacida de un cambio de gobierno violento. Allí se enumeran los pilares del nuevo ciclo: la Asamblea Constituyente para reemplazar la República, el libre cultivo de coca, la nacionalización de hidrocarburos y la persecución de autoridades derrocadas. A partir de ese momento, empieza una intervención transnacional —con Cuba y Venezuela como ejes— destinada a transformar el Estado boliviano y desmantelar su arquitectura republicana. El punto jurídico clave se ubica en 2004, cuando se falsifica una ley de reforma constitucional para introducir la posibilidad de una reforma total mediante una Constituyente, algo que la Constitución vigente prohibía expresamente. Ese acto desencadena todo un proceso que inició por la suplantación de normas y competencias, que abre el camino a la Constituyente, a su traslado forzado tras conflictos y masacres en Sucre, y finalmente a la redacción de un texto constitucional fuera del mandato real de los constituyentes, reescrito por operadores políticos y asesores extranjeros. En esa secuencia, la violencia no aparece como un accidente sino como método: masacres, persecuciones, presos políticos, exilio, y un clima de terror estatal que servió para consolidar el referéndum y blindar el nuevo orden. La Constitución plurinacional no solo nace de delitos, sino que se convierte en el escudo perfecto para la impunidad: quienes la defienden no lo harían por convicción democrática, sino porque el retorno a la República implicaría rendición de cuentas por corrupción, violaciones de derechos humanos, destrucción económica y entrega de soberanía. El nuevo sistema rompe el sufragio universal al generar desigualdad de representación, debilita garantías básicas como la irretroactividad de la ley (habilitando persecución retroactiva bajo figuras como “corrupción” o “traición”), y concentra poder político e institucional, liquidando la independencia judicial y la separación de poderes. A ello se suma la conversión de Bolivia en un narcoestado, con expansión masiva de coca ilegal, presencia de mafias internacionales y destrucción de sectores estratégicos como el gas. Bolivia puede declarar la nulidad del Estado Plurinacional y restituir la República, apelando al artículo 31 de la Constitución republicana, que invalida los actos de quienes usurpen funciones o ejerzan potestades sin respaldo legal. Hoy puede haber un gobierno distinto, pero no un poder distinto. La estructura —institucional, judicial, normativa— sigue intacta. Por eso, la gran disputa no es entre nombres, sino entre libertad e impunidad, entre democracia real y un sistema construido para mantener un narcoestado.