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Cae fiscal sicario de Venezuela y avanza el desmontaje de la dictadura

Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Claudia Gurisatti en NTN24: Tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, se ha puesto en marcha un proceso orientado a desarticular la estructura de poder de la dictadura utilizando a sus propios operadores internos, bajo una tutela directa de Estados Unidos. La hoja de ruta, dividida en estabilización, recuperación y transición, está actualmente en su segunda etapa: la recuperación. Esta incluye la liberación de presos políticos, el retorno de exiliados y la separación de figuras clave vinculadas a la maquinaria de persecución y represión. En ese contexto, la salida del fiscal general Tarek William Saab de la Fiscalía representa un punto de quiebre simbólico y político. Durante años, el Ministerio Público fue señalado como instrumento de persecución sistemática, convertido en pieza central del engranaje de criminalización de la disidencia. La figura del “fiscal sicario” sintetiza esa acusación: funcionarios investidos de poder legal que, en lugar de garantizar justicia, han operado como ejecutores de un terrorismo de Estado institucionalizado. Sin embargo, el relevo no equivale necesariamente a justicia. El traslado de Saab a la Defensoría del Pueblo ha sido interpretado como un movimiento de amortiguación interna, un intento de preservar equilibrios y evitar rupturas abruptas dentro del propio círculo de poder. La narrativa oficial habla de renuncia y reacomodo; la lectura de la realidad sugiere presión externa y cálculo político. La pregunta de fondo es si estos cambios son pasos firmes hacia la rendición de cuentas o simples maniobras para ganar tiempo y negociar cuotas de impunidad. La reapertura de canales diplomáticos, la influencia directa en decisiones estratégicas y el control sobre recursos como el petróleo apuntarían a un rediseño gradual del poder. Paralelamente, la presunta salida o reducción de la influencia cubana reforzaría la idea de una reconfiguración geopolítica acelerada en cuestión de semanas. Aun así, el proceso avanza con lentitud y ambigüedades. Las excarcelaciones parciales no sustituyen la liberación plena, y los cambios de cargos no reemplazan la necesidad de responsabilidades penales. Si se trata realmente del inicio del fin de un sistema de represión institucionalizada, el desafío será impedir que la transición se convierta en sinónimo de impunidad. La caída de un funcionario no basta; lo determinante será si el desmantelamiento culmina en justicia efectiva y garantías reales para el pueblo venezolano.