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Lo ocurrido el viernes 2 de enero, durante la quinta tarde de toro en las corralejas del municipio de Caucasia, constituye un grave atentado contra la libertad de prensa, el derecho a la información y la integridad personal de un periodista, hechos que revisten especial preocupación en un contexto donde el ejercicio periodístico debería gozar de plenas garantías. El periodista Walter Atencio, director del medio Atención Noticias, fue arbitrariamente impedido de ejercer su labor informativa, a pesar de haberse identificado plenamente como comunicador social y de contar con autorización previa para cubrir el evento. El personal encargado del control de ingreso desconoció dicha autorización, ignoró confirmaciones telefónicas y exigió requisitos injustificados, evidenciando una conducta sistemática de censura y obstrucción. La situación escaló cuando el periodista decidió documentar un presunto abuso contra un vendedor ambulante, a quien se le negó el ingreso bajo la exigencia de compra de boleta, pese a que intentaba únicamente ejercer su actividad laboral. En respuesta a la grabación, los responsables del acceso reaccionaron con hostilidad, intimidaciones y represalias directas. Posteriormente, fue solicitado el apoyo de personal de seguridad con el objetivo de expulsar al periodista del lugar, afectando de manera directa la libertad de prensa. De forma aún más grave, uno de los hombres de seguridad agredió físicamente al periodista en tres oportunidades, lo amenazó de muerte y arrojó su teléfono celular al suelo, causando daños al equipo de trabajo, en un acto que configura violencia física, amenazas y daño en bien ajeno, además de un ataque directo a la labor periodística. Estos hechos no solo vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, sino que también contravienen los estándares internacionales de protección a periodistas, sentando un precedente alarmante de permisividad frente a la violencia y la censura. Ante la gravedad de lo ocurrido, se ha interpuesto denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación con el radicado SPOA número 051546099152202600007, y se hace esta denuncia pública con el fin de que la comunidad, los medios de comunicación y las organizaciones defensoras de la libertad de prensa conozcan los hechos y exijan que no queden en la impunidad.