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El diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, calificó como insuficiente la decisión del gobierno de militarizar las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para frenar el presunto sabotaje que habría provocado la contaminación del combustible, al argumentar que los efectivos militares no tienen la especialidad técnica para detectar irregularidades en contrataciones o procesos internos, y que el verdadero problema radica en una "mala gestión" evidenciada por los bajos niveles de almacenamiento que facilitaron la desestabilización de la gasolina. Alarcón señaló que existe información contradictoria dentro de la propia estatal, pues mientras el gobierno habla de sabotaje, el presidente de YPFB atribuyó la contaminación a fallas operativas. Ante esto, propuso como medida más efectiva la reestructuración profunda de la empresa, comenzando por la depuración de funcionarios vinculados a la anterior gestión de gobierno que aún ocupan cargos estratégicos, y que sean sometidos a procesos penales con intervención de la Fiscalía y la Policía, no de los militares. El legislador también cuestionó la interpelación al ministro de Hidrocarburos, al considerar que debería realizarse después de que la comisión de investigación creada en Diputados entregue sus conclusiones sobre calidad de combustible, control y contratos con Trafigura, para que exista coherencia entre ambos instrumentos de fiscalización y no se termine confundiendo a la población con información desordenada.