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Elecciones en Perú y cambio geopolítico en las Américas

Carlos Sánchez Berzaín da las conclusiones en el Foro “Quo Vadis Perú 2026” celebrado desde la sede del IID el 03 de febrero de 2026. El Perú ingresa a un año electoral marcado por una paradoja que ya parece estructural: una persistente inestabilidad política convive con una estabilidad económica que, aunque insuficiente para el desarrollo que el país podría alcanzar, lo distingue en una América Latina sacudida por crisis, polarización y el avance —hoy en retroceso— de proyectos autoritarios asociados al socialismo del siglo XXI. Esa estabilidad no es menor: ha permitido al Perú mantenerse a flote en un contexto regional adverso, pero también ha servido de coartada para postergar reformas políticas urgentes. El diseño institucional peruano, un híbrido presidencial-parlamentario que en los últimos años ha acentuado su sesgo parlamentario, ha generado una sucesión de crisis de gobernabilidad que ya no pueden considerarse coyunturales. El escenario electoral lo evidencia con crudeza: decenas de partidos, movimientos y candidatos compitiendo en una elección fragmentada que revela un sistema desbordado. La apertura democrática, pensada para ampliar la representación, terminó habilitando un mercado político donde la creación de partidos y organizaciones se convierte en negocio y herramienta de manipulación de la voluntad popular. En este contexto, las prioridades ciudadanas son claras y reiteradas en las encuestas: seguridad, lucha contra la corrupción, infraestructura, transporte, igualdad e inclusión. Son demandas que apuntan a un objetivo central: la expansión de la clase media y la creación de condiciones reales de movilidad social. Aquí aparece el límite de la estabilidad macroeconómica: sin condiciones políticas adecuadas, el crecimiento no se traduce en prosperidad compartida ni en cohesión social. Resulta especialmente preocupante que, en medio de la campaña, algunas propuestas apunten a debilitar la independencia del Banco Central, una de las instituciones más sólidas del país y pilar de su estabilidad económica. Atacar esa autonomía equivaldría a un suicidio institucional, como lo demuestran experiencias recientes en la región donde la politización de los bancos centrales derivó en crisis profundas, escasez de reservas y colapsos prolongados. A todo esto se suma un cambio decisivo en el tablero geopolítico. La nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos redefine las prioridades en las Américas, reactualiza la lógica de la doctrina Monroe y coloca el énfasis en la seguridad, la inversión y la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. Este giro, que busca contener la influencia de potencias extrahemisféricas y redes criminales, ya está reconfigurando las relaciones políticas en la región y tendrá un impacto directo en el proceso electoral peruano. De cara a 2026, el Perú parece encaminado a una elección con segunda vuelta entre minorías, lo que augura un nuevo gobierno frágil, un Parlamento fragmentado y altos costos de gobernabilidad. El desafío va más allá de administrar la urgencia: exige pensar en mecanismos de fortalecimiento democrático en un entorno regional y global que está cambiando de manera profunda. En ese nuevo escenario hemisférico, el Perú tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de recuperar un papel protagónico, apoyado en su tradición diplomática y en la defensa de instituciones que han sido clave para su estabilidad.